La exdelegada de Empleo de la Junta en Granada Marina Martín Jiménez ha asegurado este martes ante la comisión de investigación sobre el presunto fraude en las ayudas a la formación que ha cumplido la legalidad "en todo momento" y que todas sus actuaciones al frente de este cargo se realizaron con "total diligencia y rigor". Si bien, ha rechazado responder a las preguntas de los grupos parlamentarios, argumentando que, al estar inmersa en una causa judicial, su abogado se lo desaconseja.
Así se ha pronunciado Martín Jiménez durante su intervención ante la comisión de investigación, en la que también están citados esta semana otros seis ex delegados provinciales de Empleo. Todos ellos fueron detenidos en marzo de 2015 por efectivos de la Unidad Central de Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en el marco de la operación 'Barrado', y están siendo investigados por el juzgado de instrucción número 6 de Sevilla.
Si bien, en una breve intervención de cinco minutos, Martín Jiménez ha querido dejar claro que nunca ofreció trato de favor a ninguna empresa, ni dio instrucciones a sus subordinados para que incumplieran la legalidad vigente, como tampoco ella recibió órdenes por parte de sus superiores en este mismo sentido.
Ha defendido el "gran trabajo" realizado por el equipo de profesionales con el que contaba en la Delegación de Empleo de Granada y ha insistido en que, tal y como narraron los jefes de servicio de la provincia ante esta comisión las convocatorias de ayudas han sido resueltas por órganos colegiados, "de acuerdo con los criterios de las bases reguladoras".
También ha destacado la compareciente que el interventor de la Junta en Granada, Miguel Gutiérrez Pedrosa, señaló ante esta comisión que no ha habido menoscabo de fondos y que el hecho de que faltaran justificantes en los expedientes no quiere decir que no existieran.
