El Consejo de Europa toma el primer tratado internacional vinculante para regular la IA

El Consejo de Europa, que agrupa a 46 estados europeos (27 de ellos de la UE), anunció este viernes la adopción del que considera el primer tratado internacional jurídicamente vinculante para regular la Inteligencia Artificial (IA).

"Este acuerdo, que está abierto también a los países no europeos, establece un marco legal que se aplica a la totalidad del ciclo de vida de los sistemas de IA y se centra en los riesgos que pueda entrañar, al mismo tiempo que promoverá una innovación responsable", indicó el Consejo de Europa, después de que los 46 ministros de Exteriores del organismo adoptasen en Estrasburgo el tratado.

Este convenio internacional obliga a los estados signatarios a poner en marcha medidas para "identificar, evaluar, prevenir y atenuar posibles riesgos" de la IA -tanto en el sector público, como en el privado- especialmente cuando el uso de esta tecnología pueda presentar "riesgos incompatibles con las normas de los derechos humanos".

Asimismo, los estados han de "controlar que estos sistemas de IA respeten la igualdad, incluyendo la de género, impidan la discriminación y protejan la vida privada".

El tratado tendrá también como misión evitar que la IA se pueda utilizar para "atacar a las instituciones y a los procesos democráticos, respetando los principios de la separación de poderes".

El acuerdo de regulación se elaboró durante los dos últimos años gracias a un comité en el que participaron miembros de los 46 estados del Consejo de Europa, junto a otros 11 países: Argentina, Australia, Canadá, Costa Rica, El Vaticano, Israel, Japón, México, Perú, Estados Unidos y Uruguay.

También se tuvo en cuenta a representantes del sector privado, la sociedad civil y la académica.

La convención marco sobre la IA, que se abrirá a la firma el próximo 5 de septiembre en una conferencia de ministros de Justicia en Vilna, se aplicará de dos maneras.

O bien los signatarios optan por acogerse a las disposiciones tal y como figuran en el tratado de regulación o se comprometen a poner en marcha otras medidas que sean equiparables a las del documento, siempre y cuando protejan "los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho".

Estas dos modalidades de adopción se han planteado debido a la "disparidad de los sistemas jurídicos de los diferentes países" que integran el acuerdo.

El Consejo de Europa explicó que el tratado tendrá un mecanismo de seguimiento "para asegurarse de que se pone en marcha de manera efectiva".