El que fuera director de la FAFFE Fernando Villén, juzgado por crear de forma arbitraria un puesto de trabajo para el exalcalde socialista de Lebrija (Sevilla) Antonio Torres, ha asegurado este lunes que ese otro acusado estuvo asignado directamente a él como una especie de "personal de confianza" con rango de dirección.
En el juicio que acoge la Audiencia de Sevilla por malversación y prevaricación en una pieza separada del caso FAFFE, Villén ha declarado que Torres tuvo un contrato "real" con servicios y funciones en la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo, y que su incorporación fue comunicada al entonces presidente de su patronato y exconsejero de Empleo José Antonio Viera.
El exdirector de la FAFFE, condenado en otra causa por pagos ilícitos en prostíbulos y quien se enfrenta en esta otra a una petición fiscal de cuatro años de prisión por malversación y diez de inhabilitación por prevaricación, ha dicho que Torres recibió los salarios estipulados por la fundación y que se dedicó a la búsqueda de recursos externos.
Villén ha concretado que las tres "vías" para la contratación en la FAFFE fueron a través de convocatorias en el portal del empleado, desde el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y con anuncios en prensa, y que en el caso de Torres se le contrató para captar recursos externos de fuera de la administración andaluza.
Según este acusado, Torres, como persona "de renombre", había consolidado una agenda de contactos "bastante interesante" para acceder a recursos externos en el ámbito de la formación y el empleo.
En este sentido, ha enmarcado la contratación de Torres en 2003 como una "especie de personal de confianza" con rango de dirección a su cargo ante el "serio problema" sobre el modelo de financiación que tenía la fundación, que necesitaba de recursos.
'Un camino más rápido'
"Yo buscaba un camino más rápido", ha reconocido sobre la fórmula para la contratación ante esa situación de necesidad de financiación de la FAFFE, y ha señalado que entendió que el tipo de trabajo que debía desarrollar Torres no necesitaba de una ubicación permanente (despacho) en la fundación.
El segundo de los acusados, quien se enfrenta por su parte -como cooperador necesario de los delitos de malversación y prevaricación- a una petición fiscal de dos años y medio de cárcel y cuatro de inhabilitación, ha protagonizado una enérgica declaración en la que incluso el tribunal ha tenido que pedirle que se tranquilizara.
Torres ha explicado que, tras decidir que iba a dejar la política activa y no volver a presentarse a la reelección como alcalde de Lebrija, conoció a través del BOJA de la creación de la FAFFE, que precisamente iba a dedicarse al sector de la formación y el empleo.
"Fui a ver a Villén para ofrecerle mis servicios como profesional, creía que mi experiencia le podía venir muy bien a la FAFFE", ha explicado el exalcalde, quién ha aclarado que él percibió en esa fundación el sueldo que era "legal" y que trabajó "incansablemente" como siempre ha hecho en su vida.
En este sentido, ha aclarado que no exigió a nadie que se le contratara, sino que pidió que lo dejaran hacer la labor que él sabía hacer, la de captación de recursos.
También ha reconocido que, aunque fue contratado como técnico adjunto a la dirección de área, decidieron que en su tarjeta de visita apareciera como "director de recursos externos" para poder presentarse mejor de esta forma ante los contactos que estableciera para captar recursos.
Igualmente ha dicho que no tenía despacho en la fundación, como tampoco usó el correo corporativo, porque este no era "absolutamente necesario" para conseguir los convenios y los recursos.
Completada ya la práctica de la prueba, la vista oral se retomará el próximo 23 de octubre, a partir de las 10:00 horas, cuando las partes presentarán sus informes finales y una vez que este lunes las acusaciones ya han elevado a definitivas sus conclusiones provisionales, con una leve modificación por parte de la Fiscalía respecto a la responsabilidad civil.
Escrito de Anticorrupción
La Fiscalía Anticorrupción relata en su escrito que, como el organigrama administrativo de la fundación no contemplaba puesto para Torres, el acusado Villén creó uno 'ad hoc', "que denominó de modo grandilocuente Dirección de Relaciones Externas".
La acusación pública señala que dicho departamento era "inexistente", no tenía sede, carecía de despacho o sede física ni personal adscrito. De hecho el acusado no acudía a la sede de la fundación, ni desempeñaba trabajo alguno.
El acusado fue finalmente contratado, suscribiendo Villén personalmente el contrato el 13 de julio de 2003, con una retribución anual de 46.750 euros como gestor de recursos municipales con categoría de mando, indica el fiscal.
