La defensa del ex alcalde socialista de Estepona (Málaga) Antonio Barrientos, en libertad bajo fianza tras su encarcelamiento por el "caso Astapa" contra la corrupción en ese Ayuntamiento, ha pedido al juez instructor que releve a los autores de un informe policial por contener "datos falsos y omisiones".

En las alegaciones del abogado de Barrientos, Horacio Oliva, a las que ha tenido acceso Efe, se califican de falsos más de una quincena de datos y se solicita al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de la localidad el "inmediato relevo de la investigación de los autores del referido informe" a la vista de "la gravedad de los hechos".

La protesta se refiere a un informe del tomo X del sumario del caso sobre el que se levantó el secreto y que elaboró la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) Central-Brigada de Blanqueo de Capitales respecto a la situación patrimonial de diversos imputados en esta causa, entre ellos el ex alcalde.

El letrado indica que el informe "resulta en su mayor parte total y absolutamente falso" y cree "inexplicable" que una unidad policial, "supuestamente especializada en la investigación de blanqueo de capitales, pueda faltar a la verdad de forma tan flagrante".

Añade que el informe "se permite 'adornar' los datos falsos que contiene con comentarios personales de los autores ('curiosamente...', 'resulta llamativo...") fuera de lugar" y que "no tienen más objeto que dirigir a la autoridad judicial hacia la torticera interpretación que el informe hace de hechos falsos".

La defensa de Barrientos califica de "falsa e indecente" la afirmación del informe sobre que la madre del ex alcalde no declarara pagos por una venta de inmuebles.

La defensa cuestiona del informe aspectos como que en la afiliación a la Seguridad Social constara el alcalde como ingeniero licenciado y considera falsos "todos" los datos fiscales y tributarios de uno de sus apartados.

Además, explica que se omite que su participación en tres empresas públicas es como alcalde, y no a título particular, y que no le supone riqueza patrimonial o económica.

También precisa el abogado que la denuncia "es especialmente grave por cuanto ha servido de base para la práctica de detenciones ordenadas en su día por la primera instructora judicial".

En las alegaciones se afirma además que se utilizaron "falsos datos patrimoniales de los imputados para justificar en los autos las medidas de intervención telefónica".