Según explicó la alcaldesa de Cádiz, el Ayuntamiento inició el expediente expropiatorio en febrero de 2005 tras los incumplimientos urbanísticos de la propiedad. Dicho trámite quedó paralizado en noviembre del mismo año después de que la Oficina de Rehabilitación de la Junta de Andalucía informara del acuerdo alcanzado con los dueños para el remozado de la finca.
La Administración autonómica empezó a trabajar en el proyecto de reforma, que fue entregado al año siguiente, concediéndose licencia de obra en el mes de noviembre de 2006.
“Han pasado tres años y no se ha hecho nada”, denunció ayer la regidora local, que lamentó la falta de comunicación de la Junta para informar de la situación. “¿Por qué no nos avisan, por qué tenemos que ser nosotros los que lo comprobemos o enterarnos por los vecinos?”, se quejó, agregando que “¿no sería más fácil que nos comunicarán en qué situación está cada finca?”. “Esto demuestra que son ellos los que no quieren colaborar con el Consistorio”.
Martínez reprochó el retraso y denunció que “si pasa algo en esa finca, también le echarán la culpa al Ayuntamiento”.
