El Partido Popular (PP) ha presentado hasta un total de diez alegaciones a las Ordenanzas Fiscales para 2023 y con las que defiende la bajada de impuestos y tributos como una herramienta eficaz para la recuperación económica.
La concejala del PP, Inmaculada Marín, sentó las bases de las propuestas de su partido, afirmando que, ante un panorama económico tan complejo como el actual, “el Ayuntamiento en alianza con otras administraciones, debería ser mucho más generosa con sus ciudadanos, pero no sólo en aportaciones y subvenciones, sino con bajada de recaudación”. Marín aseguró que los isleños “no entendemos que nuestro Ayuntamiento se resista a bajar los tributos locales pese a estar generando año tras años superávits millonarios”.
De hecho, el ejercicio 2021 finalizó con 6 millones y medio de euros de superávit. También en 2020, en plena crisis Covid, se acabó el año con 2,6 millones de euros de beneficio, por lo que existe margen suficiente para que se cobren menos impuestos y tasas a los vecinos.
“Nos produce impotencia ver cómo el gobierno de Patricia Cavada sigue nadando en la abundancia económica, manejando presupuestos de 85 millones de euros de ingresos, y embarcándose en proyectos millonarios que, para colmo, nunca ven su fin, pese a que la mayor parte de los ciudadanos no están en condiciones económicas de sufragar unos gastos que son, en muchos casos, prescindibles”.
La edil popular subrayó lo que es ya un pensamiento creciente entre los isleños: “Cavada vive absolutamente alejada de las necesidades reales de esta ciudad, aunque lleve ya casi ocho años de mandato”, ha asegurado.
Lo cierto es que los números "delatan" a un gobierno de PSOE y Ciudadanos que recauda muy por encima de lo necesario, sin que ese dinero se traduzca en mejoras para los ciudadanos ni tampoco en mejora de los servicios públicos. “En realidad -apuntó- el gobierno de Cavada deja sin ejecutar casi la mitad del presupuesto. Y no lo digo yo, lo dicen los estados de liquidación del presupuesto. En 2021 quedó sin ejecutar más del 40 por ciento del presupuesto total. En Empleo y Turismo, sólo se invirtió el 20 por ciento del dinero presupuestado a principios de año, que ya de por sí era irrisorio”.
Este "afán recaudatorio” de Patricia Cavada solo ha servido “para seguir acumulando dinero en los bancos”. Tanto es así, que durante 2022 los saldos en las cuentas bancarias del Ayuntamiento han llegado a alcanzar la histórica cifra de 35 millones de euros. Esta abultada cantidad “es dinero improductivo, que no genera gasto público, ni dinamiza la economía, ni permite tampoco incrementar el consumo privado ya que la recaudación limita la capacidad económica de los ciudadanos y disminuye su poder adquisitivo. ¿Para qué entonces recaudar tanto, si luego no pueden o no saben gastarlo?”, se pregunta Marín.
Para corregir esta situación, el PP ha propuesto la inclusión en las Ordenanzas Fiscales de 2023 de diez alegaciones que persiguen reducir la carga fiscal que el gobierno de Cavada está imponiéndole a los isleños. Los populares persiguen, desde una bajada del IBI del 6 por ciento hasta la bonificación de la plusvalía en un 95 por ciento.
También piden que se incluya una bonificación del 40 por ciento en determinadas situaciones del Impuesto de Actividades Económicas (IAE), así como la rebaja del 25 por ciento de lo que pagan los profesionales de la hostelería por instalar terrazas.
Pero, la propuesta más llamativa es la que solicita para 2023 la inclusión en la Tasa por recogida de basuras y residuos urbanos, de un párrafo adicional donde se autorice expresamente al Ayuntamiento a descontar del recibo de esta tasa el importe pagado por cada sujeto pasivo en concepto de “tasa Consorcial” de los ejercicios 2016-2017-2018 y 2019. Tal y como la alcaldesa anunció mediante el dictado de Providencia de fecha 14 de marzo de 2019, se iba a proceder, de manera automática a reducir en su recibo municipal de la Tasa de Basura el mismo importe cobrado a cada ciudadano. “Y como los isleños saben, esto no ha sido así, por lo que volvemos a reclamarlo”, recordó la concejala del PP.
Por último, Inmaculada Marín reiteró que, ante la actual sitaucón económica, desde las Administraciones no se puede exigir el mismo esfuerzo fiscal a los ciudadanos que antes de la crisis. “Hay que relajar las exigencias fiscales, optimizar los costes, eliminar gastos innecesarios, adaptar nuestras políticas a la nueva realidad, y centrar todos los esfuerzos y recursos en acciones y medidas de políticas activas de empleo y de protección social”, señaló.
“Y por favor, que no sigan diciendo los socialistas que bajando impuestos se es menos solidario con los más desfavorecidos, porque con 6,5 millones de euros de superávit, el gasto social por habitante en San Fernando fue de poco más de 48 euros en 2021, lo que nos sitúa como uno de los municipios más pobres en inversión y promoción social. Lo importante y lo que define un gobierno es cómo se distribuye el importe que se recauda y a qué conceptos se le da prioridad”, concluyó.
