La cuestión que se suelen preguntar muchos ciudadanos es si un controlador de la zona azul puede denunciar nuestro vehículo y si dicha denuncia es legal. Lo primero es decir que sí, que pueden proponer una denuncia y que ésta sería legal. Un controlador de zona azul es un empleado de una empresa a la que el ayuntamiento les ha adjudicado un contrato para gestionar la zona azul (o de otros colores) y tiene por tanto facultad para denunciar. Esa facultad la tienen como cualquier otra persona, tal como indica el artículo 4.2 del Real Decreto 320/1994 (Reglamento de Procedimiento Sancionador en Materia de Tráfico). Pero al no tener carácter de agentes de la autoridad, como tampoco tienen el resto de los ciudadanos, carecen de presunción de veracidad en sus denuncias y tienen que demostrarlas.
Un controlador de la “zona azul” actúa como particular-testigo de una presunta infracción y propone la denuncia del vehículo, como lo puede hacer cualquier ciudadano. En ese caso, aporta una fotografía del vehículo infractor que demuestre que no posee el título para estacionar en la zona descrita o que se ha pasado de tiempo. Las proposiciones de denuncias con sus fotos se entregan por la empresa en la Jefatura de la Policía Local y, mediante un visado del jefe, se trasladan al negociado de multas de Diputación Provincial para ser notificadas en los domicilios de los presuntos infractores.
Como hemos manifestado, las pruebas que aportan los controladores al expediente son pruebas legales como las que podría presentar cualquier ciudadano que observe una infracción de tráfico. ¿Qué hacer entonces cuando recibamos notificación de denuncia por un controlador de zona azul? Primero, comprobar que las pruebas en nuestra contra tienen sustento legal, comprobando si la foto es de nuestro vehículo y si estaba estacionado en dicha vía el día de la denuncia. El procedimiento sancionador en materia de tráfico dice que quien propone una denuncia debe aportar las pruebas, pero también debe hacerlo el recurrente si lleva a cabo alegaciones. Es decir, no solo tendremos que demostrar que la denuncia no es correcta, sino que debemos presentar pruebas para crear duda razonable en el instructor del expediente y que éste pueda admitir nuestras alegaciones y archivar el expediente. No es cosa fácil.
Solo si en la denuncia y foto no se acredita que nuestro vehículo haya cometido una infracción, se aconseja realizar alegaciones. Muchos negociados anulan la sanción porque no se puede sancionar sin fundamento en base al principio in dubio pro reo, lo que implica que en caso de duda se fallará en favor del recurrente para garantizar su presunción de inocencia.
También es preciso conocer que si realizamos alegaciones se pierde el descuento del 50 por ciento del importe de la sanción por pronto pago. Si nos dan la razón en nuestro recurso, no abonaremos nada y se archivaría el expediente. Y si se rechaza, tendríamos que abonar el cien por cien de la denuncia. Por eso, es conveniente asegurarse antes de reclamar que podremos llevar razón, ya que los recursos no suelen prosperar sin argumentos, limitándose el instructor del expediente a notificar que no se tienen en cuenta las alegaciones porque con la denuncia y la foto del controlador ha quedado acreditada la infracción.
¿Qué nos queda? En ese caso, la vía contenciosa administrativa, pero…, ¿quién presenta este recurso sabiendo que hay que personarse con abogado y asumir los costes del procedimiento para que después perdamos el juicio?
En definitiva, ésta es la problemática de la zona azul y de las denuncias de los controladores que tienen en vilo a mucha gente. Un experimento del que los ayuntamientos recaudan fondos (parte de ellos es para abonar a la empresa la concesión y, de ella, los sueldos de los controladores), pues no solamente es el dinero de los parquímetros y costes de los residentes, sino las denuncias y los euros que se pagan en el mismo parquímetro para anularlas. Las zonas ORA (azul y ahora también verde o naranja) son un medio gravoso para los ciudadanos porque no siempre están ubicadas donde realmente hacen falta. Una opción sería volver a como se regulaba antes, cuando solamente se colocaba la hora de llegada y quienes no cumplían eran sancionados. Tampoco sería descabellado que fuesen agentes de la Policía Local los que denunciarán las infracciones. Al menos sería un procedimiento legal y con presunción de veracidad.
