El Gobierno local va poner en marcha la Ordenanza Reguladora de Gestión de la Vivienda Municipal, asunto que se lleva a pleno esta tarde tras presentarla a todos los grupos políticos y a los ciudadanos afectados. Esta ordenanza servirá, entre otras cosas, para constituir un registro municipal y para reducir la carga económica de los alquileres, según ha explicado la responsable municipal del Área de Urbanismo, Economía y Hacienda, Inmaculada Muñoz.
Elaborada por la Unidad de Vivienda de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), el objeto de la Ordenanza es regular la gestión y aprovechamiento del parque de viviendas de titularidad o de gestión municipal -tanto si son de organismos públicos como de entes privados, en su caso- con sujeción a la normativa en materia de vivienda protegida. También establece la creación de un Registro Municipal de Viviendas, rigiendo su funcionamiento.
Por otro lado, la Ordenanza quiere regular el procedimiento destinado a la reducción de la carga económica que supone el abono del alquiler de viviendas de titularidad o gestión municipal a aquellos arrendatarios que caigan en situación de especial vulnerabilidad económica.
Así, se facilitará el apago de la renta a las unidades familiares que se encuentren en dificultades para hacer frente al abono del alquiler y que no hayan podido acceder a ayudas con idéntico fin provenientes de otras administraciones.
La nueva ordenanza recoge que los inquilinos que cumplan con los requisitos establecidos y lo soliciten en tiempo y forma accederán a una reducción de sus alquileres del 30%, si la renta mensual es menor de 100 euros, y del 40% si es mayor o igual a 100 euros.
Esta disminución se concederá por un plazo único de doce mensualidades, y se podrá interrumpir si se produjese alguno de los casos que establece la propia ordenanza, como por ejemplo el impago de dos mensualidades.
De esta forma el Gobierno local adopta nuevas medidas de apoyo a las familias con menores recursos, poniendo todas las herramientas que tiene a su alcance para contribuir a una mayor igualdad social y proteger el derecho a la vivienda, según ha explicado Inmaculada Muñoz.
