Diferentes entidades sociales y políticas han pedido amparo al Defensor del Pueblo Andaluz para evitar el vertido de aguas contaminadas al Guadalquivir que conllevaría la reapertura de la mina de Aznalcóllar y que aplique el “principio de precaución” para paralizar la tramitación del proyecto, al entender que “no existe consenso científico” sobre los datos incluidos en la autorización ambiental, que no han tenido en cuenta ni la hidrodinámica del propio río ni el efecto sumado que tendría la otra explotación minera de la provincia, la de Cobre Las Cruces.
Encabezados por la portavoz de Podemos Sevilla, Susana Hornillo, representantes de Los Verdes, Alianza Verde, Verdes-Equo, Alternativa Republicana y Plataforma Ficus San Jacinto, entre otras entidades políticas y sociales se han reunido con Jesús Maeztu en la sede del Defensor del Pueblo para trasladarles su petición de amparo y entregarle diversa documentación para que paralice el proyecto amparándose en el “principio de precaución” que impone la legislación europea.
Según ha expuesto Hornillo, pretenden que Maeztu interceda ante la Junta de Andalucía y se pueda paralizar el vertido de más de 85.000 millones de litros de aguas contaminadas con metales pesados que contempla la autorización ambiental para la reapertura de la mina de Aznalcóllar, que promueve Minera Los Frailes y cuya adjudicación tiene pendiente un juicio penal para el próximo año, y que serían vertidos en el mismo río, a la altura del estadio de la Cartuja.
El rechazo, que es iniciativa de Ecologistas en Acción y Greenpeace pero que ya ha tenido la adhesión de más de 80 organizaciones de todos los ámbitos, se basa en que los datos incluidos en los informes de impacto ambiental “carecen de rigor científico”, un extremo que ya han puesto en evidencia profesores de las universidades de Sevilla y Pablo de Olavide y al que se une otro del catedrático de Ecología de la US, Jesús Castillo, que alerta de que ni se han tenido en cuenta la hidrodinámica del Guadalquivir ni el efecto acumulativo de los vertidos que también contempla Cobre las Cruces, ya en actividad y que ahora se incrementará.
Castillo ha realizado mediciones de contaminación las dinámicas hídricas del estuario como resultado de las mareas, las cuales harían que los metales pesados permanezcan en el fondo del cauce durante años, llegando a afectar a los cultivos de arroz, la cría de alevines, o las ganaderías que pastan en las cercanías del estuario.
Los colectivos reclaman una moratoria en la apertura de la mina y la realización de nuevos informes ambientales pero con rigurosidad científica. “Como se recoge en el tratado de la Unión Europa bajo el precepto del principio de precaución, en caso de que una determinada política o acción pudiera causar daños a las personas o al medio ambiente y no existiera consenso científico al respecto, la política o acción en cuestión debería abandonarse”, apuntaba Hornillo para reclamar al Defensor que interceda ante la Junta.
Hornillo también ha recordado que el próximo 5 de junio, coincidiendo con el Día Mundial del Medio Ambiente, todos los colectivos se concentrarán ante el Muelle de la Sal para denunciar que se están “primando los intereses económicos por encima de la salud y el medio ambiente”, en un caso de los participantes en la reunión consideran que podría afectar a futuro y muy seriamente no sólo la calidad del agua, sino también otras actividades económicas, desde la agricultura y la pesca, hasta el propio turismo vinculado al río Guadalquivir-
El encuentro, solicitado por las organizaciones sevillanas involucradas en la defensa del río, ha contado con la participación de Juan Lora en representación de Los Verdes Andalucía; el portavoz provincial de Alianza Verde, Antonino Parrilla; la educadora ambiental y portavoz de Verdes-Equo Sevilla, Valle Tello, Roberto Macías por Alternativa Republicana; la doctora en biología del CSIC, Antonia Herrero; el biólogo molecular José Emilio Rebollo, y la portavoz del la Plataforma Ficus de San Jacinto, Livia Cruz, según ha informado Podemos.
