El 15-M mantendrá la vigilancia en edificio ocupado para evitar su desalojo
El movimiento 15-M ha informado hoy de que mantendrá un dispositivo de vigilancia en un edificio de la capital de Sevilla, ocupado por varias familias, para evitar de forma "pacífica" que se lleve a cabo su desalojo, ya que desde ayer cuenta con una orden judicial.
El edificio fue ocupado el 30 de agosto por varias familias, alentadas por el 15-M, que lo rebautizaron como Corrala La Alegría y alegaron que se trata de un inmueble propiedad de Bankia, lo que negó la empresa propietaria, que ya había iniciado trabajos para reconvertirlo en un hostal.
La juez de instrucción 13 de Sevilla ordenó ayer a la Policía que desaloje el edificio, aunque después de una noche "intensa" la actuación de los cuerpos de seguridad no se ha producido, ha informado el 15-M en un comunicado.
Aunque han indicado que son conscientes de "lo difícil que será frenar el desalojo", el movimiento ha asegurado que será "aún más difícil que las autoridades puedan evitar que estas u otras familias que han padecido la crisis se realojen en los numerosos inmuebles vacíos que hay en Sevilla".
La vigilancia se mantendrá activa, manteniendo la "alarma constante", a la espera de que la Policía Nacional pueda aparecer en cualquier momento para llevar a cabo el desalojo, han añadido.
Asimismo, han denunciado la "premura" con la que ha actuado la Justicia "para defender los derechos de las personas acaudaladas" y ha denunciado la "pasmosa lentitud" que se produce en otros casos, "sobre todo cuando se trata de juzgar a políticos y personajes públicos implicados en grandes estafas y casos de corrupción".
Para conseguir la orden judicial, la empresa propietaria del inmueble alegó a la juez que la "ilícita actuación" de las familias había derivado en perjuicios para ella, tanto al verse privada de la posesión como al proyectar a la opinión pública una "imagen de insolvencia, de incumplimiento de sus compromisos con los bancos y desprestigio comercial completamente infundado y especialmente lesivo en los tiempos que corren".
Además, argumentó los "daños a terceros" causados porque la ocupación había impedido a los trabajadores que venían haciendo labores en el edificio seguir percibiendo su salario.
La empresa argumentó que la falta de luz eléctrica y otros suministros convierten la ocupación en un peligro para la salud, en especial si hay menores de edad, al convertir el edificio "en un lugar propicio para la suciedad, parásitos, insectos y roedores".
Con ocasión de la acción alentada por el 15-M, la sociedad propietaria aseguró que el edificio nunca había estado abandonado y que los últimos trabajos en su interior se efectuaron poco antes de que fuese invadido por cinco familias.
Los ocupas de Feria serán desalojados por orden judicial
La juez de instrucción 13 de Sevilla ha ordenado a la Policía que desaloje el edificio de la calle Feria que fue ocupado por varias familias, alentadas por el movimiento 15-M, el pasado 30 de agosto.
Fuentes del caso han informado este lunes a Efe de que la orden de la juez se ha producido a petición de la empresa propietaria y posiblemente se llevará a cabo este martes.
El edificio fue ocupado por varias familias, alentadas por el 15-M, que lo rebautizaron como Corrala La Alegría y alegaron que se trata de un inmueble propiedad de Bankia, lo que negó la empresa propietaria, que ya había iniciado trabajos para reconvertirlo en un hostal.
La propietaria alegó a la juez que la "ilícita actuación" de las familias se había derivado en perjuicios para ella, tanto al verse privada de la posesión como al proyectar a la opinión pública una "imagen de insolvencia, de incumplimiento de sus compromisos con los bancos y desprestigio comercial completamente infundado y especialmente lesivo en los tiempos que corren".
La reparación de esos daños morales "va a ser tanto mas ardua cuanto más tiempo permanezca la situación que se ha creado", dijo la empresa a la juez en un escrito al que ha tenido acceso Efe.
Además, argumentó los "daños a terceros" causados porque la ocupación había impedido a los trabajadores que venían haciendo labores en el edificio seguir percibiendo su salario, junto al daño general al interés general "por la propia vulneración de la legalidad".
La empresa argumentó que la falta de luz eléctrica y otros suministro convierten la ocupación en un peligro para la salud, en especial si hay menores de edad, al convertir el edificio "en un lugar propicio para la suciedad, parásitos, insectos y roedores".
Con ocasión de la acción alentada por el 15-M, la sociedad propietaria aseguró que el edificio nunca había estado abandonado y que los últimos trabajos en su interior se efectuaron poco antes de que fuese invadido por cinco familias.
