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Sevilla

Abierto el plazo de alegaciones al cambio de PGOU para aumentar la densidad de viviendas sociales en 'Guadaíra'

Durante un mes

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La Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) del Ayuntamiento de Sevilla ha abierto el plazo para la presentación de alegaciones a la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) relativa al aumento de densidad de viviendas sociales en el barrio hispalense de 'Guadaíra'.

   Según publica el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), recogido por Europa Press, desde este lunes y durante un mes permanecerá abierto el plazo de información pública para la realización de esta modificación urbanística que fue aprobada de forma inicial en el Pleno ordinario de febrero. Asimismo, la Junta de Gobierno aprobó inicialmente el Plan Especial de Reforma Interior del ARI-DBP-03 'Avenida de la Palmera', redactado por la Gerencia de Urbanismo en desarrollo de la anterior.

   De este modo, de acuerdo a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), se abre el plazo de un mes para la presentación de alegaciones, quedando el expediente a disposición de quien lo quiera consultar en Urbanismo.

   En este marco, cabe recordar que en febrero se dio luz verde de forma inicial, con el voto del PP y la abstención del PSOE y de IU en el Pleno, al aumento de la densidad para el desarrollo de viviendas sociales en 'Guadaíra', con lo que se pasaría de 120 a 143. Se trata de una modificación del vigente planeamiento urbano para que el área de reforma interior (ARI) DBP-03 del sector urbano de la avenida de la Palmera aumente la densidad de viviendas, todo ello con destino a la promoción de viviendas protegidas que Emvisesa proyecta en tales suelos una vez sean expropiadas y derribadas las infraviviendas en cuestión.

   Respecto a este punto, la junta de gobierno del Ayuntamiento hispalense ya dio cuenta el 1 de marzo del nuevo plan especial de reforma interior correspondiente a la barriada de 'Guadaíra', enclavada entre los barrios de Pedro Salvador y Pineda, que este lunes se saca a exposición pública.

   El acuerdo contempla solicitar un informe a la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente y otro a la Dirección General de Arquitectura y Vivienda de la Administración autonómica, así como citar "personalmente a los propietarios afectados".

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