El consejo de gobierno de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento hispalense, reunido este miércoles en sesión ordinaria, ha aprobado convocar un procedimiento abierto para ofertar los derechos de superficie durante 30 años y con opción a compra, del edificio de titularidad municipal correspondiente a los números 5 y 6 de la plaza de la Encarnación, a espaldas del complejo urbanístico Metropol Parasol.
Hablamos del edificio correspondiente a los números 5 y 6 de la plaza de la Encarnación. Este edificio fue ocupado ilegalmente en 2005 por un colectivo ciudadano mientras el Consistorio iniciaba un procedimiento de expropiación forzosa contra la inmobiliaria que ostentaba la titularidad del inmueble a cuenta del incumplimiento de su deber de conservación, pues las viviendas en cuestión presentaban y presentan aún un claro deterioro. El 13 de febrero de 2006, una gran operación policial culminaba con el desalojo de las cerca de 60 personas que estaban ilegalmente instaladas en estas viviendas y la expropiación habría sido consumada en 2007 con coste de unos 4,8 millones de euros para las arcas municipales.
El Ayuntamiento, entonces gobernado por PSOE e IU-CA, anunciaba poco después que las viviendas del edificio serían destinadas al realojo de inquilinos desahuciados o víctimas de los abusos inmobiliarios y, a tal efecto, fue acordado destinar 2,95 millones de euros para rehabilitar el inmueble e incluso la empresa 'Vorsevi Ingeniería y Control de Calidad' fue contratada por 20.764 euros para elaborar un informe previo. Mientras las viviendas nunca han llegado a ser rehabilitadas, la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento hispalense ha celebrado este miércoles una sesión de su consejo de gobierno con un orden del día en el que figuraba la convocatoria de un "concurso abierto" para ofertar el "derecho de superficie" de dicho inmueble con opción a compra.
CONCURSO ABIERTO
En concreto, y según informa el Ayuntamiento, el concurso abierto cuya convocatoria ha sido aprobada este miércoles oferta los derechos de superficie de este edificio durante un periodo de 30 años con la opción de compra de la finca al término de los 15 primeros años de duración del derecho de superficie. Según los términos del concurso, el Ayuntamiento conservaría la propiedad del inmueble mientras no se ejercite la opción de compra y el adjudicatario dispondrá del edificio siempre según las cautelas y protecciones que el planeamiento urbano le concede al tratarse de un inmueble catalogado bajo la figura de "Centro Histórico".
En el mencionado concurso abierto, primará el criterio de la oferta económica y la licitación partirá de un canon mínimo anual de 178.211,79 euros más IVA. Dado que en el inmueble, con una edificabilidad máxima de 3.243 metros cuadrados, existen contratos de arrendamiento vigentes, el pliego de condiciones del concurso incluye la obligatoriedad del adjudicatario de destinar el mismo a cualquier uso permitido por el planeamiento que lo haga compatible con dichos derechos de arrendamiento. Una vez rehabilitado el inmueble, la empresa adjudicataria estará obligada a ofrecer a sus arrendatarios el derecho de retorno al mismo en local y viviendas resultantes.
El concejal de Urbanismo y Medio Ambiente, Maximiliano Vílchez, defiende al respecto que "esta decisión se toma ante la falta de recursos económicos por parte de la Administración local para hacer frente a la rehabilitación del edificio y el destino a los usos previstos por el planeamiento". Vílchez esgrime que en 2011 quedó "sin efecto" el acuerdo relativo a la creación de viviendas sociales en este edificio dada la no ejecución de su rehabilitación y la "ausencia de previsión" en ese sentido.
LA TITULARIDAD DEL EDIFICIO
"A la vista de la imposibilidad de acometer su recuperación, la Gerencia de Urbanismo considera como opción más conveniente la puesta en el mercado del inmueble, con destino a los usos permitidos por el planeamiento. Esta opción permitiría además evitar el coste económico que supone la adopción de medidas periódicas para su mantenimiento y seguridad, así como la eventual ocupación ilegal del mismo por terceros", dice Vílchez, quien defiende que gracias a esta fórmula de adjudicación, la Administración "mantiene la titularidad municipal del suelo, con reversión, en su caso, de la construcción rehabilitada resultante una vez finalizado el plazo de duración del derecho" y en el caso de que no medie la consumación de la opción de compra.
