El delegado del Gobierno andaluz en la provincia de Sevilla, Francisco Javier Fernández, ha reconocido este lunes que, tras tantos años, el proyecto de dragado de profundización impulsado por la Autoridad Portuaria para el tramo navegable del río Guadalquivir requiere "celeridad" por parte de las administraciones. En ese sentido, ha manifestado que el siguiente "paso adelante" corresponde al Ministerio de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, al tener dicho departamento pendiente su pronunciamiento sobre el "conjunto general" del proyecto.
El dragado de profundización del río Guadalquivir es un proyecto que cuenta ya con más de diez años de historia a sus espaldas. Lo promueve la Autoridad Portuaria de Sevilla al objeto de que el tramo navegable del río Guadalquivir acoja la navegación de buques de mayor calado, pero encuentra una firme oposición en el sector agrícola de la comarca del Bajo Guadalquivir, que teme que un incremento de la salinidad acabe afectando a los cultivos de toda esta zona donde el sector primario juega un papel sencillamente imprescindible.
De cualquier modo, los dragados de mantenimiento y conservación acometidos anualmente por la Autoridad Portuaria sobre el cauce vivo del río Guadalquivir están regulados por una declaración de impacto ambiental que se remonta a 2003 y que autoriza este tipo de labores por un periodo de 20 años. El dragado de profundización, no obstante, requiere el beneplácito expreso de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente y del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. El Consejo de Participación de Doñana también debe pronunciarse sobre el proyecto, si bien su posición no tiene carácter vinculante.
DIFÍCILES ANTECEDENTES
En ese sentido, cabe recordar que en la anterior legislatura, la propuesta elevada a la Administración central por la Autoridad Portuaria de Sevilla para el dragado de profundización fue desechada al entender el Estado que el dictamen de la Comisión Científica para el Estudio de las Afecciones de las Obras de Dragado del Río Guadalquivir, que consideraba que el dragado de profundización es incompatible con la conservación del estuario del río, es parte "inherente" a la propia declaración de impacto ambiental de 2003. Tal extremo, así, supuso el fin de aquel proyecto en concreto.
Actualmente, la Autoridad Portuaria promueve un nuevo proyecto técnico para el dragado de profundización, al objeto de licitarlo si finalmente obtiene los parabienes de las administraciones. Después de que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente resolviese recientemente que la DIA de 2003 sigue vigente, aspecto necesario para dilucidar si era o no necesario elaborar una nueva declaración de impacto ambiental, el delegado del Gobierno andaluz en Sevilla ha admitido que, en efecto, "las administraciones, indudablemente, deberíamos acelerar" los trámites necesarios para resolver el proyecto, aunque ha señalado las dificultades y vicisitudes "legales" requeridas a la hora de contar con un proyecto "con todas las garantías medioambientales" y que compatibilice plenamente la profundización con la conservación de los valores naturales del río y la viabilidad de los cultivos en el Bajo Guadalquivir.
Francisco Javier Fernández ha manifestado que la Autoridad Portuaria, la Junta de Andalucía y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente "estamos trabajando en ese sentido", señalando que el siguiente "paso adelante" corresponde al propio ministerio. Y es que, según Fernández, la Administración autonómica estudia aún el proyecto de protección de márgenes del Guadalquivir remitido por la Autoridad Portuaria de Sevilla, pero no puede emitir una "opinión" técnica y administrativa de esta "parte" del dragado mientras el ministerio no se pronuncie sobre el "conjunto general" de la iniciativa.
"Mientras el ministerio no de ese paso hacia adelante, a nosotros no nos toca aún. Si el ministerio se pronuncia en un plazo razonable, los demás podremos actuar", ha resumido.
