Miguel Rus ha sido reelegido de forma unánime por aclamación para otro periodo de cuatro años al frente de la Confederación de Empresarios de Sevilla (CES) en la asamblea celebrada en la sede de Caja Rural del Sur en la capital. En su discurso, que se cerró con un cerrado y prolongado aplauso, el dirigente empresarial lanzó mensajes muy críticos con la situación política tanto nacional como andaluza y sevillana. Rus estuvo arropado por el presidente de la CEA, Javier González de Lara, y el presidente de la Cámara de Comercio de Sevilla, Francisco Herrero, y por decenas de empresarios.
En su intervención lamentó que la falta de un Gobierno a escala nacional “está frenando los proyectos de fondos de inversión que quieren apostar por Sevilla, y también está provocando que las direcciones territoriales de los grandes bancos estén posponiendo sus decisiones de financiación sobre nuevas iniciativas empresariales”. Recordó en este sentido, en un encuentro posterior con la prensa, que la promotora Lar tenía cerrado desde final del año pasado el proyecto de un nuevo centro comercial en Palmas Altas, pero no se decidió a anunciarlo hasta hace una semana por esa incertidumbre.
Recordó en este sentido, como también reiteró luego González de Lara, que la recuperación económica “está cogida con alfileres” y reclamó a los políticos anteponer los “intereses de país”.
Entre las andanadas lanzadas contra las administraciones por la excesiva regulación, las trabas que eternizan proyectos y la falta de “verdaderas políticas de estímulo empresarial”, hubo una que sobresalió. Rus se refirió a la “voracidad” fiscal a que están sometidos los empresarios y relató que en algunos casos los inspectores -no concretó de qué administración- “coaccionan al empresario obligándole a que firme de conformidad el resultado de una inspección y que, si no lo hace, que se prepare. Sufrimos indefensión ante los objetivos personales de los inspectores”. Criticó además la escasez de inspecciones a la actividad económica sumergida y señaló que 12 puntos de la tasa de paro se esconden tras esas actividades en negro.
En cuanto a las nuevas ordenanzas municipales que obligan a cumplir criterios de responsabilidad social para optar a concursos públicos, se mostró radicalmente en contra porque limitan la participación de pymes locales y favorecen a las de fuera de la ciudad.
