La jueza María Núñez, instructora del caso ERE, ha citado a declarar como testigos a tres responsables actuales del Ministerio de Empleo a petición de la dueña del restaurante Río Grande, investigada en una pieza de la causa por una ayuda de 1,3 millones de la Junta recibida para prejubilaciones en su negocio.
En una providencia a la que ha tenido acceso Efe, la jueza accede a la solicitud del director general de Empleo, Javier Thibault; del subdirector, Juan Manuel Gutierrez, y de la vicesecretaria general técnica, Raquel Peña, para que la declaración prevista el 15 de febrero se realice por videoconferencia.
En esta pieza se investiga la ayuda de 1,3 millones otorgada por la Junta a Río Grande para un ERE presentado en 2005 en el que se prejubilaron doce empleados del restaurante, entre ellos una persona que nunca había trabajado en él, Carmen Fontela, una de las primeras 'intrusas' detectadas en los ERE subvencionados.
Por esta pieza son investigados además de la dueña del restaurante, Carmen García, y la presunta intrusa, los exdirectores de Trabajo de la Junta Javier Guerrero y Juan Márquez, el exsindicalista considerado "conseguidor" de los ERE Juan Lanzas y un comercial de la aseguradora Vitalia.
La defensa de la dueña del restaurante solicitó a la jueza que pidiera al ministerio información sobre la normativa estatal que regula la concesión de ayudas sociolaborales que, según varias defensas del caso ERE, ampara el sistema usado por la Junta por el que entre 2001 y 2011 se repartieron 850 millones en ayudas de forma "arbitraria" y "sin control".
En la pieza política del caso ERE que ya se enjuicia son procesados 22 ex altos cargos de la Junta, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, por el diseño y mantenimiento del sistema por el que se repartieron esas ayudas, llamado "procedimiento específico" que según algunas defensas no es tal sino que es igual al usado por el ministerio para sus ayudas y regulado en una orden estatal de 1995.
De hecho, tanto en ese juicio como en una pieza separada sobre el ERE de la Faja Pirítica de Huelva -que fue cofinanciado por el Gobierno central y la Junta-, se han pedido informes al ministerio de Empleo sobre el sistema por el que se daban las ayudas estatales
Esos informes han sido firmados por el actual director general de Empleo Javier Thibault y en los mismos detalla que el ministerio, al amparo de la orden de 1995, concedía ayudas extraordinarias sin concurso público aunque sí con expedientes de solicitud, y que en el caso del ERE minero cofinanciado fue la Junta quién determinó con qué aseguradoras se suscribieron las pólizas (el pago de sobrecomisiones a éstas es otra de las ramas del caso ERE).
En la pieza sobre el ERE de la Faja Pirítica se investiga a dos exaltos cargos del ministerio durante el Gobierno de José María Aznar, entre ellas la exdirectora de Trabajo Soledad Córdova, que declaró que "puede ser" que la Junta usara el mismo sistema del Estado para dar sus ayudas-
Córdova declarará como testigo en el juicio de la pieza política a petición de la defens del exconsejero de Empleo José Antonio Viera.
La defensa de la dueña de Río Grande ha pedido que testifiquen en los actuales responsables del ministerio para explicar cómo era el sistema de ayudas estatales y si la Junta podía dar subvenciones similares al amparo de la normativa estatal, una petición que el juez Álvaro Martín rechazó a otros abogados en la pieza sobre el ERE de Surcolor, ya enviada para su enjuiciamiento.
En otras piezas varias defensas han pedido también citar a estos testigos si bien la jueza aún no ha resuelto.
