Santa Bárbara Sistemas ha propuesto a los sindicatos aplicar el expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) a 553 de sus 757 trabajadores, el 73% de su plantilla, han informado hoy a Efe fuentes sindicales.
La dirección de la compañía y el Comité Intercentros han mantenido este viernes una reunión en la que la empresa ha avanzado que el ERTE, que justifica por la situación de excepcionalidad por el estado de alarma por el coronavirus, se aplicaría del 1 de abril al 30 de junio, aunque podría finalizar antes si la evolución de la pandemia lo permite.
En esta primera reunión, la empresa ha propuesto aplicar el ERTE a 329 de los 382 trabajadores de la fábrica de Trubia, en Oviedo, (el 86 %); a 155 de los 229 de la factoría sevillana de Alcalá de Guadaíra (67,7 %), y a 69 de los 146 de Madrid (47,2%), donde la compañía tiene su sede y un centro de ingeniería.
De esta manera, el ERTE afectaría principalmente al personal de producción y quedaría fuera de la regulación la parte dedicada a la gestión, la administración o el aprovisionamiento.
Las fuentes sindicales han señalado que la empresa ha explicado que no puede garantizar el cumplimiento de las condiciones de protección establecidas por Sanidad ante la pandemia del coronavirus, por lo que considera que en estos momentos no es posible continuar con la producción.
La empresa ha planteado un ERTE de tres meses, del 1 de abril al 30 de junio, aunque se ha comprometido a retomar la actividad en cuanto la alerta sanitaria lo permita.
Los sindicatos, que volverán a reunirse con la dirección el próximo lunes, han asumido esta "situación de excepcionalidad", pero han reclamado a la empresa que complemente la retribución prevista por el Gobierno para los afectados por un ERTE.
Además, han pedido garantías de mantenimiento del empleo tanto para la plantilla de la compañía como para las auxiliares que prestan servicio a la empresa.
Santa Bárbara es una de las empresas que está pendiente de la adjudicación del contrato del Ministerio de Defensa para la construcción de 348 vehículos de combate 8x8.
Este contrato fue adjudicado inicialmente de forma directa a Santa Bárbara, aunque después se dio por desierto por incumplimientos en el pliego de condiciones por parte de la empresa.
Defensa confirmó hace un mes que Santa Bárbara ha presentado una nueva oferta en consorcio con Sapa e Indra para tratar de reactivar el contrato, que asciende a 2.100 millones de euros
