La Dirección General de Tráfico es consciente de la polémica y opiniones enfrentadas que ha suscitado su propuesta de obligar a los ciclistas a usar en casco en ciudad y, por eso, ha invitado a los grupos parlamentarios a que lo debatan en una subcomisión antes de que se tome la decisión final.


Los grupos han recogido el guante que la directora general de Tráfico, María Seguí, les ha lanzado en la comisión de Seguridad Vial del Congreso donde ha comparecido para explicar las principales reformas del Reglamento de Circulación.


Unas propuestas que, según Seguí, han sido acogidas en un 95 por ciento por los portavoces que, sin embargo, han expresado en su mayoría su rechazo a la utilización obligatoria del casco para los ciclistas en las ciudades y se han mostrado más partidarios de que se quede en una recomendación.


Aunque la DGT no ha dado marcha atrás en su propuesta porque considera "incuestionable" que el uso de este elemento de seguridad será beneficioso, esperará el resultado del trabajo de esa subcomisión, que previsiblemente se creará el próximo 11 de junio.


Pero antes de que se apruebe el reglamento, Seguí ha anunciado la "inminentísima" presentación al Consejo de Ministros del anteproyecto de reforma de la Ley de Tráfico y Seguridad Vial que, entre otras cosas, prohibirá los detectores de radares, establecerá el test de saliva como único método para constatar los niveles de droga al volante y regulará los sistemas de retención infantil.


Una vez en marcha esa reforma, lo hará el reglamento, que solo tiene que pasar el trámite del Consejo de Ministros y que incorporará modificaciones en los límites de velocidad en carreteras y ciudad o la eliminación de la práctica totalidad de exenciones en el uso del cinturón.


En cuanto a la velocidad, la intención es elevarla hasta los 130 kilómetros por hora solo en determinados tramos de autovías y autopistas que no registren accidentes y en los que se cumplan óptimas condiciones meteorológicas, ambientales y de pavimentación.


También propone una reducción de la velocidad máxima a 90 kilómetros por hora en las carreteras convencionales con arcén de 1,5 metros, establecida actualmente en 100, mientras que en muchas calles del país no se podrá circular a más de 30.


De todos modos, el asunto más polémico del futuro reglamento es el del uso del casco en la bici, que Seguí ha justificado ante el incremento del número de heridos entre los usuarios de este transporte.


Pese a que el uso de la bicicleta apenas representa un 2 por ciento de los 48.000 millones de desplazamientos que se realizan al año en España en todos los medios de transporte, incluidos los de a pie, Seguí ha aludido a las cifras de ciclistas heridos, que han aumentado y que, según las previsiones, lo seguirán haciendo.


"Toda la ciencia ratifica el elevado índice de protección de las lesiones craneales" que supone el uso del casco, ha subrayado Seguí, quien ha recordado que de los 3.767 ciclistas heridos graves en 2010, 622 sufrieron un traumatismo craneoencefálico severo y solo 29 no tuvieron pérdida de conocimiento.


En 2011, 285 ciclistas resultaron heridos graves y 2.878 de carácter leve en ciudad, unas cifras que, según la directora, no están completas, ya que existe una "infranotificación" de estas lesiones.


En este sentido, ha señalado que en 2011 y, una vez cruzados los datos de policías y registros hospitalarios, la cifra de ciclistas heridos de carácter leve en ciudad ascendió a más de 4.500 personas, un incremento que será aún mayor como consecuencia de los mejores sistemas de información y un cada vez más empleo de la bicicleta.


Seguí ha dado cuenta de otras medidas que favorecerán el empleo de las bicis en las ciudades, como la rebaja a 30 kilómetros por hora del límite de velocidad en las calles de un solo carril o la posibilidad de que los ciclistas circulen en sentido contrario a los vehículos en algunas vías.


"La voluntad del Gobierno es el fomento del uso de la bicicleta en ciudad", ha reiterado Seguí, quien ha reconocido que se han dejado fuera otras medidas que podían desincentivar su empleo, como la creación de un registro de bicicletas o la necesidad de que sus dueños cuenten con un seguro obligatorio o un carné.


Desde el PSOE, el diputado Juan Carlos Corcuera ha acusado al Gobierno de no creer en la "filosofía de la bici" y de perjudicar a las ciudades progresistas que tuvieron que vencer muchas resistencias para implantar carriles específicos.


Corcuera ha pedido que la subcomisión que se creará debata también el incremento de la velocidad al considerar que subirla en determinados tramos puede generar un coste elevado en señalización y paneles.


Jordi Jané, de CiU, ha manifestado su apoyo al uso del casco, pero no a imponerlo por ley sino a través de la concienciación y de campañas pedagógicas que divulguen sus beneficios.


Por UPyD, Tony Cantó ha reprochado al Gobierno que tome más en consideración las opiniones de las asociaciones de automovilistas de la de los ciclistas y ha exigido una mejora de las infraestructuras para este colectivo.