Ramón del Cid compareció a mediodía ante los medios de comunicación para dar detalles que estas medidas, que serán aprobadas en el Pleno previsto para mañana y, a modo de introducción, recordó que “como es sabido, Torremolinos logró la segregación de Málaga en 1988 y fue la Comisión Gestora presidida por el Partido Socialista Obrero Español la que, el 5 de marzo de 1990, firmó un convenio con la empresa FCC por la que establecía la ubicación del vertedero en el lugar que ocupa hoy, por lo que debe quedar claro que el actual vertedero se abrió en 1990, y lo hizo el PSOE”.
En su relato cronológico, el primer Teniente de Alcalde señaló a continuación que “desde 1990 a 1995, constituido el Ayuntamiento, cuando el PSOE seguía gobernando el municipio, no se produjo ni un solo problema, ni se generó ninguna iniciativa relacionada con la ubicación, estado o condiciones higiénicas o medioambientales del vertedero, pero fue en 1996, cuando accedió al Gobierno municipal el Partido Popular, cuando el PSOE de Torremolinos empezó a cuestionar la existencia del vertedero, hasta el punto de repartir un folleto en el municipio en el que aseguraba que el vertedero estaba en mal estado y debía cerrarse”.
Abundando en su detallado relato de antecedentes, Ramón del Cid dijo a continuación que “la persecución política del PSOE con el argumento del vertedero se inició nada más empezar a gobernar el PP, en 1996” y, tras recordar también que “el 12 de febrero de 2004 el Partido Popular remitió un escrito a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en el que informaba de que el vertedero cumplía toda la legislación vigente española, así como la normativa europea, acompañando el escrito con un amplio estudio y una auditoría de una empresa especializada sobre el estado en que se encontraba el vertedero”, explicó que “el Ayuntamiento de Torremolinos no recibió contestación alguna a esta comunicación, entendiendo por ello que se deba por bueno el contenido del escrito por silencio administrativo”.
Según explicó el primer Teniente de Alcalde, pese a lo anterior, un año después, en 2005, la Consejería de Medio Ambiente incoó un expediente sancionador al Ayuntamiento de Torremolinos, imponiéndole una multa y requiriendo la limpieza de la zona “aunque sin declarar expresamente la clausura del vertedero”.
Asimismo, “la Junta de Andalucía, y debemos entender que el PSOE, que gobierna la misma desde hace muchos años”, dijo Ramón del Cid, presentó una denuncia en el ámbito penal contra el Ayuntamiento, que se resolvió finalmente con el archivo de las actuaciones, y ello antes de que, a juicio del representante del Equipo de Gobierno, se produjera un nuevo capítulo de “la persecución política permanente contra el Gobierno municipal del PP”, cuando la Junta de Andalucía, el 11 de abril de 2006, “abrió un segundo expediente sancionador, imponiendo otra multa, medidas correctoras y la restitución ambiental”, a lo que el Ayuntamiento opuso el correspondiente recurso, mientras que la Junta de Andalucía rectificaba y requería ahora expresamente “el cierre inmediato del vertedero por encontrarse sin legalizar”, pese a que, a juicio del Ayuntamiento, la situación no era tal tras el ya referido silencio administrativo.
Finalmente, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Málaga, que tramita el correspondiente recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Torremolinos, dictó en agosto un auto en el que ordena como medida cautelar el cierre y clausura del vertedero “algo que –afirmó Ramón del Cid- hay que acatar, a la espera de la definitiva resolución judicial de este contencioso”.
Por todo ello, Ramón del Cid anunció el cumplimiento de dicho auto y, consecuentemente, la necesidad de transportar los residuos sólidos del municipio al vertedero más adecuado, probablemente el situado en Casares, con el consiguiente encarecimiento del servicio, que deberá ser repercutido en la tasa que abonan los ciudadanos.
En este punto, el primer Teniente de Alcalde informó de que será a partir del 1 de enero próximo cuando el Ayuntamiento empiece a aplicar la correspondiente subida en los recibos de basura, que será proporcional dependiendo de cada consumo, y afirmó que “todo esto quiere decir que el PSOE ya ha conseguido lo que quería: cerrar el vertedero y culpar al PP de incrementar los impuestos a los vecinos, cuando la verdad es que esta próxima sobretasa será la consecuencia directa del afán del Partido Socialista de Torremolinos por hacer estas denuncias sucesivas hasta encontrar eco en la Junta de Andalucía, también gobernada por el PSOE”.
En este contexto, Ramón del Cid informó también de que los cálculos realizados sobre las aproximadamente 46.000 toneladas de basura que se recogen cada año –pendientes los resultados de los dos próximos meses- indican que el incremento de coste del servicio podrá ascender a 39 euros más por tonelada, es decir aproximadamente 1,8 millones de euros, “aunque el Ayuntamiento no cargará el total de ese incremento en los recibos de los vecinos, sino una parte”, apuntando en este sentido que las arcas municipales finalmente podrían verse mermadas por este concepto en una cantidad que podría rondar los 600.000 euros al año.
Para Ramón del Cid, “en definitiva, se trata de una mala noticia, y hay que decir claramente que la misma se produce como consecuencia de la persecución e interés del PSOE de Torremolinos por intentar dañar políticamente la imagen del Gobierno del Partido Popular”.