Un hombre de nacionalidad kuwaití residente en Calpe (Alicante) ha sido condenado por la Audiencia Provincial a siete años de prisión por violar a la canguro de sus hijos, de origen marroquí, que trabajaba como empleada interna en la vivienda de su propiedad en 2019.
El tribunal de la Sección Tercera que enjuició los hechos el pasado 7 de julio considera probado que el acusado abusó de la mujer al menos en una ocasión, prevaliéndose de su relación de superioridad que le otorgaba el hecho de ser su empleador y el que le proporcionaba alojamiento.
Sin embargo, la sala le absuelve de la comisión de otras dos presuntas agresiones sexuales, también puestas de manifiesto por la víctima en su denuncia, que se habrían registrado también en 2019. Sobre esos dos episodios, el tribunal considera que se aprecian contradicciones en el testimonio ofrecido por la víctima y que no existen elementos de corroboración periférica, que sí concurren en el primero de los abusos denunciados.
La sentencia detalla que el acusado contactó con la víctima a través de internet para ofrecerle trabajo como cuidadora de sus dos hijos a cambio de proporcionarle vivienda y de regular su situación en España.
Así, precisa que en la madrugada del 12 de septiembre de 2019 el procesado entró en la habitación en la que dormía la chica provisto de una crema lubricante y le introdujo el dedo en la vagina en contra de su voluntad para, después, forzarle a practicarle una felación, a pesar de los intentos de la joven por vomitar.
Acto seguido y ante la resistencia de ella, el procesado la cogió por el cuello, la tiró al suelo y comenzó a darle patadas y golpes por todo el cuerpo. Sin embargo, finalmente pudo huir de su alcance y saltar la valla del chalé en el que residían con la intención de pedir auxilio, momento en que la encontró un agente de Policía Local, quien la ayudó y llamó a la Guardia Civil, que arrestó al procesado.
La sentencia le considera responsable de un delito de violación por el que le impone siete años de cárcel, además de la prohibición de aproximarse a la víctima a menos de 500 metros durante diez años y, además, establece libertad vigilada por otros 10 años más y que compense con 280 euros a la víctima por las lesiones de los golpes y con otros 15.000 por los daños morales.
El procesado permaneció ingresado en prisión entre el 13 de septiembre de 2019 y el 15 de diciembre de 2022, por lo que le restarían cuatro años de privación de libertad por cumplir, según una sentencia recurrible en apelación ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) en diez días.
