Este sábado recorrió el casco histórico de Conil de la Frontera una histórica manifestación bajo el lema ‘No a los derribos de viviendas de primera ocupación’. Histórica porque fue convocada por toda la Corporación Municipal, es decir, por el equipo de Gobierno de Izquierda Unida, y por las fuerzas políticas de la oposición, PSOE, PP, AxSí y Cs. Y fue histórica porque la protesta busca “sensibilizar” a los jueces y fiscales para que modifiquen o revoquen unas sentencias ya emitidas contra varias viviendas irregulares del diseminado de Conil. Sentencias, que no debemos olvidar, se emitieron tras dar traslado el propio Ayuntamiento de los expedientes urbanísticos a la Fiscalía.
Yo no quiero que a nadie se le derribe su casa, como si se dedica al alquiler o como segunda residencia, pero hay que diferenciar a las que son de primera ocupación y a veces la justicia es muy fría y no entiende este tipo de cuestionesLa manifestación partió desde la explanada del Piojito y más de dos mil personas la secundaron tras una única pancarta que estaba en manos de los representantes de los citados partidos con representación municipal. Al acto, evidentemente, también acudieron los afectados por las sentencias de derribo y el resto de miembros de la Plataforma de Afectados por Viviendas Irregulares de Conil, Pavic. También contó con el apoyo y la presencia de la Asociación de Vecinos Costa de la Luz de Zahora y la Asociación de Vecinos Santo Domingo de la Calzada, El Palmar, pedanías costeras de Barbate y Vejer respectivamente y en cuyas zonas también existe un grave problema social alrededor de las viviendas irregulares.
La marcha cruzó Conil hasta llegar a la Torre de Guzmán donde se leyó un manifiesto. Previamente, durante la manifestación se escucharon aplausos y gritos de “¡No a los derribos!” y “¡Esto es un atraco!”.
El alcalde de Conil, Juan Bermúdez, indicaba que “el objetivo de esta manifestación, que cuenta con el apoyo unánime de toda la Corporación, es que entendemos que el derribo de viviendas de primera ocupación, es decir, viviendas de familias que es la única que tienen, genera un problema social dramático” porque “es complicado ponerse en la situación de dichas familias que no tienen absolutamente nada”.
“Yo no quiero que a nadie se le derribe su casa, como si se dedica al alquiler o como segunda residencia, pero hay que diferenciar a las que son de primera ocupación y a veces la justicia es muy fría y no entiende este tipo de cuestiones”, señalaba el regidor para añadir que “hoy estamos aquí con el objetivo precisamente de apelar a la sensibilidad de los jueces, de los fiscales y también para decir que existen normas que se han vendido como que ayudarían a la regularización, y entiendo que así podría ser, pero la interpretación que realizan los jueces de dicho decreto de 2019, a diferencia de lo que ocurría con el de 2012, va en sentido contrario al interés que podemos tener para que no se derriben esas viviendas”.
Para el primer edil existe “margen para modificar ese decreto de 2019 que se vendió como que venía a arreglarlo todo y estamos viendo que no es así. De hecho ya lo dijimos en su momento… ese decreto en menos valiente que el de 2012”. Aún así, “entiendo que hay margen de maniobra”.
"Ninguna familia se va a quedar en la calle"
Por otro lado, “también quiero manifestar hoy que ninguna familia se va a quedar en la calle”, para lo que “llevamos tiempo trabajando para trasladar a los jueces el poder destinar cupos de viviendas de protección oficial a familias que estén en esta situación”, para lo que pide “margen de maniobra para realojarlas en VPO que se queden libres o en las nuevas promociones que se están construyendo”. Sea como fuere, asegura el alcalde, “lo que no podemos hacer como pueblo es dejarlas en calle”.
E insiste en apelar a que “los jueces se acojan a las herramientas urbanísticas como los AFO (Asimilados Fuera de Ordenación), aunque pese una orden de derribo o un proceso judicial”, y que a través de informes sociales “se determine que efectivamente esa es la única vivienda que tienen esas familias y al menos nos permitan tener margen para realojarlas y que no se vean en la calle”.
Según indica el regidor conileño, “ahora mismo hablamos de unas 20 órdenes de derribo, no todas sobre viviendas de primera ocupación, y los casos que más nos preocupan al ser inminentes, afectan a unas cinco familias, pero aunque solo fuera una, hablamos de un grave problema social” porque “si se les derriba la casa, se quedan en la calle”.
Además, Bermúdez lamenta que “los ayuntamientos andaluces no tenemos ni capacidad ni medios para controlar las construcciones ilegales, ni para sacar los expedientes que puedan generar. Es un problema que se nos escapa de las manos a los alcaldes y consistorios porque no es algo que solo ocurra en Conil. Es un problema que no se ha resuelto y que en ocasiones las leyes lo han agravado” y pone como ejemplo que “este Ayuntamiento tenía un jurídico que venía una vez por semana”, con lo que “evidentemente ha sido imposible controlar” la proliferación de viviendas ilegales porque, insiste, “la ley es clara, te dice lo que tienes que hacer pero no hay recursos ni humanos, ni materiales, para afrontarla”.
La Pavic, arropada por el pueblo
Por su parte, Sergio Cáceres, portavoz de la Pavic, se mostró satisfecho con la respuesta del pueblo “que incluso en las otras convocatorias siempre nos ha arropado y demuestra nuevamente que Conil está sensibilizado con este problema y profundiza en el fondo del mismo, no quedándose con eso de que ‘son unos caraduras’”.
Para Cáceres “siempre que haya un lema como este, en contra de los derribos, estaremos apoyándolo porque los derribos siempre nos han parecido una injusticia y nos lo siguen pareciendo”.
Además, “es importante que el Ayuntamiento sea el que convoque este tipo de protestas y se lea un manifiesto como el de hoy donde ya empieza a reconocer la responsabilidad que ha tenido la propia administración y que no es solo culpa de los usuarios” de las viviendas.
La Pavic también se felicitó ante la que es la primera manifestación en la que los partidos políticos han sido los que han llevado la pancarta, ya que en las anteriores “acudían representantes de cada partido pero de forma individual”.
El objetivo sigue siendo “crear un debate social para que, no solo sirva para que reubiquen a las familias, que no me parece lo más importantes, sino para poner encima de la mesa una herramienta para que esas familias se queden en sus casas poniéndose a bien con la administración y con la sociedad pero dándoles opciones que no pasen por el derribo”, ya que “es absurdo que esos procesos entren por lo Penal y se juzguen como una violación o un asesinato”.
La manifestación concluyó, como ya hemos mencionado, con la lectura de un manifiesto consensuado entre todas las fuerzas políticas y la propia Pavic. El mismo indicaba, entre otras cuestiones, que “las sentencias que condenan a la demolición de viviendas familiares” quedarán “para la historia de este pueblo como un acto de injusticia social y agravio comparativo” y que se debe “apostar por una gestión urbanística que nos dé soluciones en el corto y medio plazo, desde el punto de vista legal” porque “se trata de hacer posible una salida jurídica y aportar un nuevo marco a esta compleja situación”, para lo que “hace falta unidad política y social”.
