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Sevilla

La Junta resuelve la suspensión cautelar de las obras de la finca de Aznalcázar donde anidan águilas imperiales

La consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, María Jesús Serrano, ya había confirmado la actuación de la administración autonómica

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La Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de Sevilla ha resuelto la suspensión cautelar de los trabajos de maquinaria para la transformación, de cara a su adaptación al cultivo del arroz, en una finca ubicada en término municipal de Aznalcázar (Sevilla), en pleno espacio de Doñana, donde anida una pareja de águilas imperiales, especie en peligro crítico de extinción.

   Según fuentes consultadas por Europa Press, la suspensión, mientras se resuelve el caso, ha sido comunicada esta semana de manera verbal y acordada con una representación de la propiedad de la finca, que accedió a paralizar las obras, debido a la "afección" que estos trabajos podían tener sobre los animales, según los informes técnicos elaborados por la Delegación Territorial.

   La consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, María Jesús Serrano, ya había confirmado la actuación de la administración autonómica, que investigaba dichas obras en la finca, cerca de los parajes de Entremuros y Brazo de la Torre.

   Según explicó a Europa Press el portavoz de Ecologistas en Acción en el Consejo de Participación de Doñana, Juan Romero, la asociación se mostraba dispuesta a acudir a la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo si la administración no procedía a la paralización cautelar de los trabajos.

   "Supuestamente gozan de una concesión de aguas por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, y por ello hay máquinas trabajando", subrayaba Romero. Y es que Ecologistas en Acción reclama un respeto "estricto y escrupuloso" para estos animales, cuyas crías pueden quedar perjudicadas si son molestadas durante la incubación. Así, advierte de que en el nido "se debe seguir criando" y, en caso de obtener una respuesta insatisfactoria, denunciarían el caso "contra quien tiene las competencias y no las ejerce, por omisión del deber de persecución de delito".

   Romero ha añadido que existe un espacio de protección de 500 metros que no se habría respetado, mientras que, asimismo, "hace unos años ya murieron unas crías por envenenamiento, y en estas inmediaciones también se han registrado problemáticas relacionadas con la caza furtiva".

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